También es necesario hacer especial
atención a los hogares encabezados por una mujer, ya sean
unipersonales o monoparentales, y que en 2011 llegaban al 28,5%
de la población, ya que la pobreza afecta principalmente a
hogares con jefatura femenina, situándose en el 31% de las
familias encabezadas por una mujer frente al 26,4% si el cabeza
de familia es un hombre.
2.2.5 Lucha contra la violencia hacia las
mujeres
La violencia que sufren las mujeres peruanas sigue
siendo uno de los problemas más graves que afecta al
país. Sin embargo, está lejos de superarse y las
estadísticas muestran que en los últimos
años apenas ha variado el número de casos de
violencia familiar (en torno a 100 denuncias cada día),
violencia sexual (alrededor de 13 denuncias al día) y
feminicidio (entre 8 y 10 mujeres asesinadas al mes por causas
relacionadas exclusivamente con su condición de mujer). En
cuanto a los casos de trata de personas, las mujeres,
junto con los niños y niñas, son las
víctimas más habituales de este delito que va de la
mano de otras actividades ilícitas, como el
narcotráfico o los campamentos mineros.
En el marco del Plan Nacional de Violencia contra la
Mujer y el Plan Nacional de Acción contra la Trata de
Personas, los diferentes niveles de poder del Estado (nacional,
regional y local) han puesto en marcha diversas alianzas para
prevenir este tipo de delitos. En los últimos años
se ha observado una mayor cobertura de los servicios de
atención para mujeres víctimas de violencia,
principalmente a través de las 29 Comisarías de
Mujeres con presencia en el territorio nacional, y los Centros de
Emergencia Mujer (CEM) que en sus 148 delegaciones atendieron
más de 200.000 denuncias por violencia familiar y sexual
durante el periodo 2007-2011. Por otra parte en 2007 se
creó el Centro de Atención Integral para dar
tratamiento psicoterapéutico de varones agresores
judicializados por hechos de violencia familiar.
Desde otras instancias, como el Ministerio
Público, se pusieron también en marcha iniciativas
para contribuir a paliar este problema, como el Programa de
Asistencia a Víctimas y Testigos o la División de
Investigación de Delitos contra la Trata de Personas desde
la Policía Nacional. En lo que respecta al marco
normativo, se hicieron esfuerzos para hacerlo más integral
y que abarcara los diversos aspectos a través de los
cuales se manifiestas la violencia. Otros datos relativos a
denuncias y víctimas de violencia familiar, sexual y trata
son los siguientes:
2.2.6 Acceso de las Mujeres al Mercado
Laboral
Aunque el acceso al mercado de trabajo y, más
concretamente, al trabajo decente sería una de las
estrategias más eficaces para lograr revertir muchas
situaciones de inequidad entre hombres y mujeres, la
participación equitativa de las mujeres en el mercado
laboral es aún una meta a alcanzar. Las tasas de desempleo
y subempleo de las mujeres (8,4% y 41,5%) son mayores que para
los hombres (4,9% y 27%) y en el periodo que va de 2007 al 2011,
año en el que la situación económica del
país mejoró notablemente, la tasa de
participación femenina en la población activa se
incrementó muy levemente y en las ocupaciones
más precarias.
En lo que respecta a ingresos, Perú es el
cuarto país de la región en discrepancia de salario
por cuestiones de sexo, siendo el ingreso medio de las
mujeres es el 66,9% del ingreso medio de los hombres. En cuanto
al ingreso mensual promedio proveniente de trabajo, la
evolución entre hombres y mujeres en los últimos
años muestra que a la brecha de género es mayor
cuanto menor es el salario de la mujer:
Muchas mujeres trabajadoras, especialmente de los
sectores más vulnerables, continúan
haciéndolo desde la precariedad y la informalidad, como
emprendedoras de pequeños negocios productivas o
asalariadas de microempresas, en ocasionas sin la adecuada
cobertura social. En este sentido, son las trabajadoras
domésticas las que se encuentran en una situación
más vulnerable y, a pesar de ciertos esfuerzos encaminados
a regularizar su situación, el logro más relevante
consiste en su inclusión en el sistema de salud, faltando
aún un largo camino por recorrer en lo que respecta a
respeto de horarios, bajas por enfermedad y
vacaciones.
2.2.7 Acceso de las Mujeres a Servicios de Salud de
Calidad
La salud sexual, y reproductiva en concreto, la
salud materna, y la prevención del embarazo no deseado,
siguen siendo prioridades. En el caso de la reducción de
la mortalidad materna, el Estado ha puesto una serie de medidas
para la atención temprana de mujeres gestantes, la
adecuada integración de un enfoque multicultural, la
capacitación continua para el personal médico, y la
puesta en marcha de comités de prevención a nivel
nacional. A pesar de estos avances, el Perú sigue siendo,
uno de los países de la región con mayor tasa de
mortalidad materna.
En el caso de la prevención del embarazo
adolescente, la tasa apenas ha variado a pesar de las
múltiples iniciativas puestas en marcha para su
prevención. A nivel general, el 15% de las jóvenes
peruanas entre 15 y 20 años está embarazada o ha
tenido un embarazo, índice que sube considerablemente en
las regiones de Loreto (30%), Ucayali (28%), San Martín
(28%), Madre de Dios (27%) y Amazonas (26%).Por estrato
étnico, la maternidad es una realidad para el 44% de
adolescentes mujeres de lengua asháninka, el 21% de lengua
quechua y el 16% de lengua aymara.
La calidad sigue siendo un reto para el sistema de
salud, principalmente en lo que respecta a salud sexual y
reproductiva. Esta calidad, además, varía mucho
dependiendo de la zona geográfica y puede sufrir
variaciones notables de una ciudad a otra. En lo que respecta a
garantizar la cobertura universal de salud, en 2011 se
logró que el 83% de las mujeres rurales y el 68.7% a nivel
nacional pasaran a estar cubiertas por algún seguro de
salud, principalmente el Sistema Integral de Salud
(SIS).
Algunas medidas, como la prohibición del Tribunal
Constitucional en 2009 de la distribución gratuita del
Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) por parte del MINSA o el
cobro, aunque sea muy reducido, para acceder a los servicios de
salud, afectan en mayor medida a las mujeres pobres y reduce sus
posibilidades de recibir servicios médicos.
Se calcula que cada año se llevan a cabo en
Perú unos 370.000 abortos clandestinos y que un
gran número de casos que se registra como muerte materna,
especialmente aquellos ligados a infecciones o hemorragias, son
causados por complicaciones en la realización de abortos,
aunque la ilegalidad en la que se llevan a cabo estas
prácticas hace difícil hacer un cálculo
real.
2.2.8 Acceso de las Mujeres a la Educación
integral y de calidad
En general, se ha constatado un incremento en las tasas
netas de matrícula, al igual que un aumento en la
asistencia de los niños, niñas y adolescentes a la
educación básica regular. También se observa
un crecimiento de la tasa de asistencia escolar femenina en el
nivel secundario, de manera particular en el área rural.
Sin embargo, este aumento en la escolaridad de niños y
niñas no va de la mano con la deseable calidad educativa
necesaria para lograr que el logro educativo sea
satisfactorio.
La tasa de matrícula en educación superior
es todavía baja, en torno al 23% en 2011. Las principales
diferencias se dan entre los quintiles más bajos (con
tasas que figuran entre el 4% para las mujeres y el 4,1% para los
hombres) y los quintiles más altos (con 46,6% para mujeres
y 49,9% para hombres). El programa Beca 18, puesto en
marcha recientemente, podría contribuir a promover un
mayor acceso a la educación superior para los sectores
más desfavorecidos. Este análisis debe llevar
también a observar la segregación en los estudios
que cursan las mujeres ya que solamente el 8,2% eligió una
ingeniería frente al 30,1% que se decidió por
educación.
Por lo que se refiere a educación cultural
bilingüe, en 2010 el 11,5% de los centros educativos de
primaria del ámbito rural indígena brindaba
enseñanza en lengua originaria. Sin embargo, el 28,87% de
los niños y niñas no es atendido por el sistema
educativo y el 73% tiene atraso escolar grave, lo que sin duda
afecta negativamente a su continuidad en el sistema escolar. Es
importante señalar, la relación que existe entre la
formación de la madre y el nivel educativo que alcanzan
los hijos, señalando que entre los pueblos
indígenas amazónicas apenas el 50% de las mujeres
ha asistido a la escuela, frente el 80% de los
varones.
En cuanto a la tasa de analfabetismo, y aunque
esta se va reduciendo progresivamente, todavía afecta en
una proporción mayor de mujeres que de hombres (13,8%
frente al 4,6%), que en 2010 ascendía al 7,4% de la
población mayor de 15 años. En el área
rural, los datos indican que el 33,9% de las mujeres son
analfabetas, incrementándose este índice hasta el
48,5% de las mujeres de lengua nativa frente al 14,3% de los
hombres.
2.3 LOGROS ACTUALES DE LA ONU EN EL PERU, RESPECTO A
EQUIDAD DE GÉNERO.-
La promoción de la igualdad entre los hombres y
las mujeres es fundamental en la labor de las Naciones Unidas. La
igualdad de género no sólo es un objetivo en
sí misma, sino que también se reconoce como un
medio esencial para alcanzar todos los demás objetivos de
desarrollo. Las iniciativas encaminadas a superar la pobreza y
reducir el hambre en el mundo giran cada vez más en torno
al papel central de la mujer en el desarrollo económico y
social.
Las Naciones Unidas respaldan activamente el
empoderamiento de la mujer y el disfrute de sus derechos humanos
mediante la adopción de normas y políticas
generales y a través de sus actividades de asistencia para
el desarrollo.
En julio del 2010 la Asamblea General de la ONU
votó unánimemente por la creación de una
nueva entidad para la igualdad de género y empoderamiento
de la mujer, que tendrá el nombre "ONU Mujeres". Esta
nueva entidad fusiona y refuerza las cuatro agencias de
género existentes hasta ahora en el marco de las Naciones
Unidas (OSAGI, DAW, INSTRAW y UNIFEM) y estará operativa
en 2011.
En el Perú**
Además de para ONU Mujeres, la mujer es
fundamental para la labor de todas las organizaciones del Sistema
ONU en el Perú. Gran parte del mandato del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se refiere a
la salud y a los derechos reproductivos de las mujeres.
Así, busca contribuir a la consolidación de
mecanismos institucionales nacionales y prácticas
socioculturales que promuevan y protejan los derechos de las
mujeres y las niñas y fomenten la equidad y la igualdad
entre los géneros.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF) en el Perú da énfasis en
la educación de la niña, como un enfoque
transversal en todas las acciones que realiza para garantizar la
inclusión y mejorar la calidad educativa. A nivel nacional
planifica y coordina acciones con el Ministerio de
Educación y redes interinstitucionales; a nivel regional y
local coordina con las Direcciones Regionales de
Educación, Unidades de Gestión Educativa Local,
instituciones de formación docente, autoridades locales y
padres de familia.
Asimismo, la mujer es también fundamental para el
trabajo del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas (PMA), ya que la experiencia ha demostrado que los
alimentos en manos de las mujeres tienen más
probabilidades de llegar a quienes más lo necesitan en sus
familias. Sin embargo, muchas madres saben poco sobre
nutrición para aprovechar al máximo los alimentos.
Estudios demuestran que madres que han recibido educación
tienen hijas e hijos más saludables. El PMA también
entrega raciones de alimentos a las familias que envían a
sus hijas a la escuela.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo promueve la equidad de género a
través de la transversalización de la perspectiva
de género. La estrategia corporativa de la
organización está diseñada con el fin de
integrar en todos sus ámbitos de trabajo el empoderamiento
de las mujeres y la equidad. La estrategia llama a que esta tarea
sea trabajo de todos y no únicamente responsabilidad de
algunos especialistas y se apoya en tres pilares:
Generación de capacidad – tanto a
nivel de país como a nivel interno – para
integrar los desafíos en materia de igualdad de
género en todas las áreas temáticas como
también en los marcos de cooperación con los
países.Provisión de servicios de asesoramiento sobre
políticas que promueven la equidad de
género y el empoderamiento de las mujeres;
yApoyo a intervenciones específicas que
benefician a las mujeres y extienden modelos innovadores como
aquellos desarrollados y probados por el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).
Por ello ONU Mujeres, coordina
permanentemente con diferentes instituciones del Estado Peruano
(Ministerios como el de la Mujer, el de Economía y
Finanzas, el de la Salud…), Municipalidades,
Organizaciones sociales (Flora Tristán, Manuela
Ramos, PROMSEX, Calandria, DESCO, Filomena Tomaira, ONAMIAP,
ARPI-S.C., CONAMI, AIDESEP…) y centra su trabajo en cinco
áreas prioritarias, en las cuales se agrupan las
iniciativas y proyectos:
En cuanto a la erradicación de la
violencia contra las mujeres y
la participación de las mujeres en todos los
aspectos de los procesos de paz y seguridad ONU Mujeres
viene desarrollando una serie de iniciativas como:
Programa Regional Ciudades Seguras: Proyecto
Perú: "Ciudades Seguras para las Mujeres, Ciudades
Seguras para Todos y Todas" , que pretende
fortalecer una ciudadanía activa de las mujeres en el
ejercicio de sus derechos, a fin de reducir la violencia
pública y privada que se ejerce contra
ellas.Respuesta al VIH/SIDA y a la violencia contra las
mujeres y sus vínculos, y el fortalecimiento de las
Mujeres que viven con VIH y/o son víctimas de
violencia en el Perú. Iniciativa a
través de la cual se contribuye al esfuerzo de
reversión de la propagación del VIH/SIDA en
mujeres y niñas y al fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres que viven con VIH y que viven
violencias. En esta misma línea también
está el proyecto "Acceso de las mujeres que
viven con VIH/SIDA a servicios de salud sexual y
reproductiva, libre de discriminación y violencia en
la Región de Lima y Callao"Gracias al apoyo del Fondo Fiduciario para Eliminar
la Violencia contra las Mujeres se están implementando
varios proyectos: "Promoviendo estrategias
sostenibles para incrementar el impacto en prevención
y atención de la violencia de género en la
Región de Puno" , para reducir la incidencia
de la violencia familiar y sexual hacia las mujeres a
través del fortaleciendo instancias públicas y
privadas que brindan atención y protección a
estas mujeres. Y el proyecto "Innovando la
Participación Ciudadana para la Incidencia
Política desde las y los adolescentes: Ejerciendo
nuestro derecho a una vida libre de violencia contra las
mujeres en seis distritos rurales de Piura, Junín y
Amazonas. Costa, Sierra y Selva del Perú, que
busca generar recursos sociales y políticos locales
con las/os adolescentes, como promotores/as locales,
fortalecer espacios intersectoriales adecuados a las
diferencias generacionales, interculturales y de
género con estrategias efectivas para prevenir las
diferentes formas de violencia.
Y "Articulación de Políticas y Acciones
contra la violencia hacia las mujeres desde la Municipalidad
Metropolitana de Lima" , para mejorar los niveles de
protección y reducir la impunidad en casos de
violencia intrafamiliar y/o sexual contra mujeres y
niñas.También se viene trabajando en el
diseño de propuestas para la reparación
integral y justicia para mujeres víctimas de violencia
sexual en contextos de conflictos armados. Así como
propuestas para establecer criterios para la
valoración de la prueba en delitos sexuales.
Diseño y validación de instrumentos para
valorar el daño sicológico; validación
de un modelo de casa refugio.
En cuanto al aumento del liderazgo y la
participación de las mujeres, es una estrategia
presente en todas las iniciativas pero que también podemos
ver volcada en proyectos con las mujeres
indígenas:
"Construcción de propuestas
políticas de mujeres indígenas andinas y
amazónicas para mejorar la efectividad de los
servicios de justicia en el Perú" que,
además de contribuir al posicionamiento y
reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas para el buen vivir "Allin Kausay",
busca mejorar la capacidad propositiva y gestora de las
mujeres indígenas en los espacios comunales,
organizativos y nacionales."Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas inciden en políticas públicas
para garantizar el Buen Vivir de nuestros pueblos", para
fortalecer la incidencia de las mujeres indígenas
andinas y amazónicas para incidir en políticas
públicas que garanticen la promoción y defensa
de sus derechos individuales y colectivos como mujeres y
pueblos indígenas."Participación de Mujeres
Indígenas: Asháninca, Yanesha y Nomatsiguenga
en el Proceso de Descentralización, Gestión
local y gobernabilidad democrática
intercultural" . También para fortalecer los
sistemas de participación de las mujeres
indígenas, que aseguren la gestión de su
desarrollo con identidad y la mejora en la calidad de vida en
los procesos de participación democrática en la
gobernabilidad intercultural en los gobiernos
locales.
Otras áreas prioritarias para ONU Mujeres,
son la igualdad de género como un elemento central
de la planificación y de los presupuestos nacionales y el
empoderamiento económico de las mujeres. A
través delPrograma Regional de Presupuestos Sensibles
al Género, se promueve que los presupuestos sean
herramientas para medir el compromiso de los gobiernos con la
igualdad de género. Para ello, en Peru se trabaja con el
Estado a nivel nacional, sectorial y local así como con la
sociedad civil.. Las iniciativas dentro de esta área
son:
Convenio con el Ministerio de Economía y
Finanzas para la construcción de herramientas
y directivas que permitan la inclusión del enfoque de
género en el Presupuesto Público. A
través del diseño de estrategias,
políticas, planes y programas presupuestales que
contemplen el enfoque de género, así como el
fortalecimiento de los conocimientos en temas relacionados a
Presupuesto y Género al interior del Ministerio de
Economía y Finanzas, los sectores y diferentes niveles
de gobierno."Hacia un Gobierno Local y un Presupuesto
Participativo con equidad de género". Con la
Municipalidad de Villa El Salvador para mejorar la
implementación de políticas de equidad de
género en la gestión municipal."Empoderamiento de las Mujeres organizadas en la
Vigilancia al Presupuesto Público
Nacional". Busca favorecer el ejercicio de los
derechos económicos y sociales de las mujeres, a
través de la apropiación por parte de ellas de
conocimientos sobre el presupuesto nacional y la
asignación de recursos.CBMS-GRG. "Sistema de Monitoreo Comunal para
Presupuestos Locales con Perspectiva de Género".
Propuesta metodológica para la adaptación y
aplicación de herramientas de recojo de
información basadas en la comunidad, como insumo para
la elaboración de presupuestos sensibles al
género."Efectividad de la Ayuda para el Desarrollo y
Presupuestos Sensibles al Género ". con el
MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), MIMDES
(Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), MINSA
(Ministerio de Salud), APCI (Agencia Peruana de
Cooperación Internacional) y MESAGEN (Mesa de Genero
de la Cooperación Internacional). Con los objetivos de
fortalecimiento de capacidades de estas instituciones en
manejo de herramientas de incorporación de enfoque de
género en los instrumentos de gestión del
presupuesto nacional, por un lado y de potenciar
diálogos entre agencias de cooperación
internacional para priorizar la equidad de género en
los programas internacionales."Supervisión Defensorial a los Gobiernos
Regionales en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para la reducción de las
brechas de género existentes en cada
región". Contribuyendo al cumplimiento de la Ley
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los
Gobiernos Regionales haciendo énfasis en el
presupuesto asignado para la reducción de las brechas
de género.
Otras iniciativas en estas áreas son la
valoración del trabajo doméstico remunerado y no
remunerado de las mujeres. Para lo cual se viene impulsando
la Campaña de Incidencia Política para
garantizar el "Trabajo digno para trabajadoras del hogar en el
Perú". Su objetivo es promover y fortalecer las
capacidades de las dirigentas de las organizaciones para la
incidencia en la modificación de la Ley 27986 de las
trabajadoras del hogar. Así como la elaboración e
institucionalización de la Encuesta Nacional de Uso del
Tiempo.
Con todo ello, como defensora mundial de mujeres y
niñas, ONU Mujeres fue establecida para acelerar el
progreso que conllevará a mejorar las condiciones de vida
de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan
en el mundo.
"Se trata de que la mitad de la humanidad participe. El
progreso de las mujeres significa…el progreso del mundo."
U. Joy Ogwu, embajadora de Nigeria ante la ONU, presidenta de la
junta ejecutiva de ONU Mujeres 2011. (7)
CAPÍTULO III
Plan nacional de
igualdad de género 2012-2017 -MINP-
Perú
3.1 EVOLUCIÓN QUE JUSTIFICA LA CREACIÓN
DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
El año 1995 el Perú suscribió los
acuerdos de la Plataforma de Beijing concretando así su
compromiso con la erradicación de las brechas de
género y de toda forma de discriminación por
sexo.
*Un primer hito importante fue la creación de un
Ministerio de la Mujer como ente rectoren la materia cuyo mandato
fue "diseñar, proponer y ejecutar políticas de
desarrollo social y humano promoviendo la equidad de
género y la igualdad de oportunidades para la
mujer, niñez, adulto mayor y poblaciones en
situación de pobreza y pobreza extrema, discriminadas y
excluidas", a partir del cual se ha venido desarrollando un
conjunto de políticas nacionales y promoviendo la
adopción de medidas concretas para el desarrollo de las
mujeres.
Hoy, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
mantiene la rectoría en las políticas nacionales y
sectoriales sobre mujer, e incluso tiene como competencia la
promoción y fortalecimiento de la
transversalización del enfoque de género en las
políticas públicas.
*Un segundo hito importante ha sido la
formulación de políticas públicas como el
Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. El
Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Varones tuvo vigencia entre los años 2000 al 2005
(DSNº 001-2000-PROMUDEH). El segundo fue implementado entre
los años 2006-2010 cuyo Decreto de aprobación fue
refrendado por los siguientes Ministerios: PCM, MIMDES,MINJUS,
MININTER, MTPE, MEF, MINAG, MINEDU y MTC (Decreto Supremo Nº
009-2005-MIMDES).
(7) Asamblea General de la ONU , AÑO 2010 ,
ONU MUJERES
*El presente Plan Nacional de Igualdad de Género
corresponde a la tercera etapa de políticas
públicas que incorporan el enfoque de género. A
diferencia de los anteriores planes de igualdad que fueran
concebidos antes de la aprobación de la Ley de Igualdad
de Oportunidades (LIO, Ley 28983 del 16 de marzo de2007), el
actual plan se enmarca en la vigencia de dicha Ley, lo cual
constituye un tercer hito importante.
La LIO tiene por objetivo "establecer el Marco
Normativo, institucional y de políticas públicas en
los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a
mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad,
dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía
impidiendo la discriminación en todas las esferas de su
vida pública y privada ,propendiendo a la plena
igualdad".
La LIO, en tanto Ley marco para la implementación
de políticas, programas y acciones para lograr la igualdad
entre mujeres y hombres, obliga al Estado Peruano – a nivel
nacional,regional y local – a tomar decisiones concretas para
alcanzar el goce y ejercicio de los derechos de las personas sin
ningún tipo de discriminación. Obliga
también al impulso de mecanismos que permitan monitorear y
evaluar los procesos de toma de decisiones y los resultados de
las políticas públicas implementadas, así
como mecanismos para su rendición de cuentas.
El Plan Nacional de Igualdad de Género-PLANIG
2012-2017 es concebido bajo el paraguas normativo de la LIO, cuyo
Artículo Nº 4, referido al Rol del Estado, establece
la necesidad de implementar políticas públicas bajo
una perspectiva de género.
La implementación de la LIO requiere de un
instrumento intersectorial y multisectorial para su
gestión, considerando que esta abarca a todo el Estado y
la sociedad en su conjunto, lo cual configura un tramado denso de
instituciones que deben asumir retos encaminados hacia la
igualdad de género, premunidas de estrategias inter y
multisectoriales enmarcadas en la reforma y modernización
del Estado, donde la descentralización constituye una
oportunidad para el avance en políticas para la igualdad
de género.
3.2 MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PLAN
NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO
3.2.1. MARCO NORMATIVO NACIONAL .
-Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres – Ley Nº 28983, publicada el 16 de marzo de
2007.
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo – Ley Nº
29158, publicada el 20 de diciembre de2007.
– Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – Decreto Legislativo Nº 1098,
publicada el 20 de enero de 2012.
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley
Nº 27867, publicada el 18 de
noviembre de 2002 y sus modificatorias.
– Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº
27972, publicada el 27 de mayo de 2003.
– Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley
Nº 28411, publicada el 08 de diciembre de 2004 y sus
modificatorias.
– Ley de Partidos Políticos – Ley Nº 28094,
publicada el 01 de noviembre de 2003.
– Ley de Fomento de la Educación de las
Niñas y Adolescentes Rurales – Ley Nº27558, publicada
el 31 de octubre de 2001.
– Ley que fomenta la reinserción escolar por
embarazo – Ley N° 29600, publicada el15 de octubre de
2010.
– Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26260,
Ley de Protección contra la Violencia Familiar, publicado
el 27 de junio de 1997.
– Ley de Prevención y Sanción del
Hostigamiento Sexual- Ley Nº 27942, publicada el27 de
febrero de 2003 y sus modificatorias.
– Ley que modifica el artículo 107 del
Código Penal, incorporando el feminicidio – Ley
Nº 29819, publicada el 27 de diciembre de 2011.
– Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes – Ley Nº 28950, publicada el 16
de enero de 2007 y su Reglamento el D.S. Nº 007-2008-IN,
publicado el 30 de noviembre de 2008.
– Ley que concede el derecho de licencia por paternidad
a los trabajadores de la actividad pública y privada – Ley
Nº 29409, publicada el 20 de septiembre de 2009.
– Ley de los trabajadores del hogar – Ley Nº 27986,
publicada el 03 de junio de 2003.
– Ley que incluye el trabajo no remunerado en las
cuentas nacionales – Ley Nº 29700, publicada el 04 de junio
de 2011.
3.2.2. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL .
-Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, aprobado por el Perú mediante Decreto
Ley Nº 22128 el 28 de marzo de 1978,
– Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, aprobado por Decreto Ley Nº 22129 del
28 de marzo de 1978,
– Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW
y su Protocolo Facultativo, aprobada por Resolución
Legislativa Nº 23432 del 04 de junio de 1982,
– Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer –
Convención Belém Do Pará, aprobada mediante
Resolución Legislativa Nº 26583 del 11 de marzo de
1996
– Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
aprobado por Resolución Legislativa Nº 27517 del 16
de setiembre de 2001 y ratificado el 5 de octubre de 2001.
Reconoce como crimen de lesa humanidad, la
violación sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de
agresión sexual de gravedad comparable, así como la
esclavitud, el tráfico de personas en especial de mujeres
y niños, siempre que los delitos enumerados consistan en
un ataque generalizado contra una población
civil.
– Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia organizada Trasnacional, incluyendo sus dos
Protocolos Adicionales: Protocolo para Prevenir, Reprimir y
Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y
Niños y el Protocolo Contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; los cuales
han sido aprobados mediante Resolución Legislativa Nº
27527 del 8 de octubre de 2001.
– Convenios de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT
-Declaración de las Naciones Unidas sobre la
Mujer Indígena, adoptada por la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su
56º periodo de Sesiones: 27 de febrero a 9 de marzo de
2012.
-Consenso de Brasilia, aprobado en la Décima
Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe, CEPAL realizada en Brasil en el
2010.
3.3. ENFOQUES DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE
GÉNERO
*ENFOQUE DE GÉNERO: que considera que para
lograr la igualdad de género es necesario que las
políticas, programas y proyectos del Estado se desarrollen
de manera igualitaria para hombres y mujeres.
*ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS: se basa en que debe
existir y prevalecer el respeto a la dignidad de toda persona,
por su sola condición de ser un SER HUMANO.
*ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD: describe el hecho
de poder dialogar respetuosamente entre las diversas culturas y
grupos culturales, conviviendo en un mismo espacio pero con
respeto y tolerancia.
*ENFOQUE DE RESULTADOS: que implica, resultados
realistas basados en evidencias; identificación clara de
los beneficiaros y sus necesidades, realizar el seguimientos de
los progresos realizados.
*ENFOQUE DE ARTICULACIÓN: eliminando las
brechas entre hombres y mujeres, a través de tres
modalidades; la intersectorial, la intergubernamental y la de
planes sociales.
3.4. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE
GÉNERO
Son ocho los objetivos, que se ha trazado el MINP, por
ende el Estado Peruano, para ser
desarrollado a partir del año 2012 al 2017
,mencionamos:
Objetivo estratégico 1:
Promover y fortalecer la transversalización del
enfoque de género en los tres niveles de
gobierno.
Objetivo estratégico 2:
Fortalecer una cultura de respeto y valoración de
las diferencias de género.
Objetivo estratégico 3:
Reducir brechas educativas entre mujeres y
hombres.
Objetivo estratégico 4:
Mejorar la Salud de las mujeres y garantizar los
derechos sexuales y reproductivos de mujeres y
hombres.
Objetivo estratégico 5:
Garantizar los derechos económicos de las mujeres
en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades con los
hombres.
Objetivo estratégico 6:
Reducir la violencia de género en sus diferentes
expresiones.
Objetivo estratégico 7:
Incrementar la participación de mujeres y hombres
en la toma de decisiones y la participación
política y ciudadana.
Objetivo estratégico 8:
Valorar el aporte de las mujeres en el manejo sostenible
de los recursos naturales.
3.5. EL PLANING , INSTRUMENTO DE POLÍTICA
PÚBLICA
El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017
(PLANIG) es el instrumento cuyo objetivo es transversalizar el
enfoque de género en las políticas públicas
del Estado Peruano, en sus tres niveles de gobierno, garantizando
la igualdad y la efectiva protección de los derechos
humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el
pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades
individuales y colectivas.
De esta manera, se espera garantizar a todas las
personas, el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad,
libre desarrollo, bienestar y autonomía; así como
erradicar toda forma de discriminación, para alcanzar la
igualdad real y efectiva.
Todo ello en el marco del cumplimiento de la Ley N°
28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y
el Decreto Legislativo Nº 1098, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
Transversalización del enfoque de
género; en las políticas públicas
es el proceso de examinar las implicancias que tiene para hombres
y mujeres cualquier acción planificada, incluyendo
legislación, políticas o programas en todas las
áreas y en todos los niveles.
Permite hacer de las necesidades e intereses de hombres
y mujeres una dimensión integrada en el diseño, la
implementación, el monitoreo y la evaluación de
políticas y programas en todas las esferas
políticas, económicas y sociales, de manera que
hombres y mujeres se beneficien igualitariamente.
En efecto, al aprobarse el presente plan, el
recientemente creado Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MIMP confirma y refuerza su rectoría
en materia de igualdad de género y asume el desafío
de fortalecer su actuación bajo un enfoque integral, que
comprende un trabajo intersectorial e intergubernamental,
orientado por este instrumento.
Las funcionarias encargadas del desarrollo de
éstas políticas de fortalecimiento a la igualdad de
género, son profesionales comprometidas con el desarrollo,
y las nombraremos para conocer quiénes son las
responsables de los resultados:
*La Directora General de Igualdad de Género Dra.
Grecia Rojas Ortiz ( grojas@mimp.gob.pe) y
*La Directora de Políticas de Igualdad de
Género Lic. Silvia Quinteros
(squinteros@mimp.gob.pe)
3.6 POLÍTICAS
PÚBLICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
Las políticas forman parte de la agenda
pública y están constituidas por las decisiones de
las autoridades respecto a cómo y hacia dónde
conducir el desarrollo y dar respuesta a problemas sociales.
Están compuestas por normas, leyes, decretos supremos,
lineamientos, programas y proyectos, entre otros mecanismos. El
desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la
igualdad entre mujeres y hombres están estrechamente
asociados.
Las políticas, programas y proyectos fracasan
cuando suponen iguales condiciones de vida y oportunidades de
partida para hombres y mujeres, y no tienen en cuenta las
particulares condiciones de vida de las mujeres y en general de
determinados grupos específicos.
Las políticas públicas no son neutrales al
género, pueden mantener o pronunciar las desigualdades
entre los sexos, o por el contrario, pueden disminuir las brechas
de género existentes y mejorar la posición social
de las mujeres y potenciar el desarrollo humano.
Los resultados y el impacto de las políticas son
distintos para hombres y mujeres debido a que las mujeres tienen
menos acceso a los recursos económicos, sociales y
culturales y sus condiciones materiales de vida son más
precarias y de menor calidad debido a los roles que les asigna la
sociedad, que con frecuencia terminan sobrecargando a las mujeres
en su
jornada diaria y afectando su salud.
Las políticas públicas con enfoque de
género parten de reconocer que mujeres y hombres tienen
diferentes necesidades debido a que desempeñan
diferentes roles en la sociedad y viven de manera diferente los
mismos problemas, es decir, dependiendo de dónde se
encuentren ubicados hombres y mujeres podrán aprovechar o
no los efectos de las políticas.
3.7. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO
La política de Igualdad de Género alude a
la generación de condiciones y medidas establecidas desde
el Estado, a fin de garantizar el ejercicio de derechos sociales,
económicos, políticos y culturales de todas las
personas, teniendo en cuenta el marco del principio universal de
Igualdad de mujeres y hombres sin distinción ni
discriminación.
Las políticas de Igualdad de Género
incorporan el enfoque de género, el cual propone
desarrollar esfuerzos por transformar a fondo los modelos de
políticas públicas predominantes, corregir los
desequilibrios existentes, reducir las brechas de
género,
tomando en cuenta las diferencias entre los
géneros y las causas y consecuencias de las desigualdades,
legitimadas por las estructuras institucionales y
culturales.
Desde esta óptica, la política de Igualdad
de Género considera necesario implementar diversas medidas
y estrategias tales como:
Políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres; que representan un avance
sustantivo frente a las anteriores políticas
indiferentes al enfoque de género, buscan eliminar las
desigualdades que impiden la participación de las
mujeres en la vida política, económica y
cultural y garantizar la participación de las mujeres
en el ámbito público, con las mismas
oportunidades que los hombres (educación, salud,
ingresos, etc.).
El objetivo es asegurar igual participación de
hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones, igual
acceso y control de mujeres y hombres a las oportunidades,
recursos y resultados del desarrollo, reducción de la
pobreza para hombres y mujeres y mejoramiento del crecimiento
económico y desarrollo sostenido en general.
Medidas positivas o afirmativas; que tienen
como función favorecer a grupos de mujeres que
presentan desventajas y/o privaciones permanentes, mediante
mecanismos de eliminación y/o corrección de las
discriminaciones y desigualdades reales", como por ejemplo
programas de alfabetización dirigidos a las mujeres,
mecanismos de cuotas de género en los procesos
electorales, incentivos para fortalecer las micro empresas
dirigidas por mujeres, etc.
Las medidas positivas o afirmativas permiten eliminar
desventajas que afectan a las mujeres, aseguran que todas y todos
cuenten efectivamente con los medios, recursos y beneficios
específicos de programas sociales y proyectos, y
constituyen una estrategia indispensable y complementaria a la
igualdad de oportunidades.
La transversalización del enfoque de
género; la transversalización del enfoque
de género surge con la intención de corregir
las políticas de género basadas exclusivamente
en la creación de oficinas nacionales y puntos
focales, sin involucrar al resto del aparato público,
incorporando el enfoque de género en todas las
dimensiones de la vida social, política, cultural e
institucional.
El objetivo es integrar esta perspectiva desde el
diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas y programas y en todas las
esferas y niveles de cualquier acción planificada. Se
trata de integrar las consideraciones de género en todos
los niveles de la gestión pública, en la
planificación, normas y procedimientos, procesos, cultura
organizacional, política laboral y presupuesto.
Es considerada en la actualidad, como una de las
estrategias de mayor alcance destinada a incluir el enfoque de
género en las políticas públicas, debido a
su efecto articulador, lo que permite alcanzar mayores resultados
e impactos. Incorpora el enfoque de género en todas las
dimensiones de la vida social, política, cultural e
institucional. Se desarrolla desde la consolidación de la
voluntad política, la institucionalización de
mecanismos, la planificación desde la perspectiva de
género y el fortalecimiento de capacidades de
funcionarios/as, acciones todas que son responsabilidad del
Estado y de la sociedad en pleno.
La institucionalización del enfoque de
género; la institucionalización del enfoque
de género ha adquirido gran importancia ante la
necesidad de formalizar los acuerdos y procedimientos en
todas las instancias y gestión de las organizaciones.
Desde este punto de vista, la
institucionalización se encuentra
estrechamente asociada a los procesos de
transversalización del enfoque de género,
considerando el papel que cumplen las instituciones
en la interacción humana.
Institucionalizar el enfoque de género implica el
establecimiento de reglas y
mecanismos para darle el carácter permanente a
una política con enfoque de género, con la
intención de convertirla en una práctica regular de
la organización. Esto significa que en los procesos de
toma de decisiones para la gestión y administración
de la organización, se ha incorporado un conjunto de
normas y procedimientos que orientan desde un enfoque de
género el proceder de quienes deciden y ejecutan las
políticas, planes y programas, transformando la cultura
institucional y las concepciones de sus agentes,
haciéndolas eficaces y sostenibles.
3.8. ESTADO ACTUAL DE LAS BRECHAS DE
GÉNERO
A diciembre de 2011, la situación de las mujeres
peruanas así como las brechas de género en el
Perú se expresan en la siguiente data:
Educación: Inequidades en la
permanencia y conclusión en el sistema educativo de
las mujeres rurales que hablan lenguas
nativas.
– La asistencia a la educación primaria fue mayor
en los niños (95,1%) que en las niñas (94,6%). En
el área urbana los niños presentan una tasa de
95,7% y las niñas de 94,6%; mientras que en el área
rural, las niñas son las que tuvieron mayor asistencia
(94,4%) que los niños (93,7%). Un panorama similar
presenta la asistencia escolar de la población de 12 a 16
años de edad en educación secundaria.
– En el 2009, el porcentaje de la población rural
femenina con edades de 15 a 19 años que tenía al
menos primaria completa creció de manera importante,
(más del 88% para las mujeres y 90% para los hombres en
ese año), por lo que no existe una brecha de género
estadísticamente significativa en la culminación de
la educación primaria en el área rural.
– A setiembre de 2011, la asistencia escolar de la
población de 12 a 16 años de edad en
educación secundaria, registra una tasa neta de asistencia
de 81,5% en las mujeres y de 80,6% en los hombres; asimismo, en
el área rural se registra mayor asistencia al colegio en
las mujeres que en los hombres, 71.2% las adolescentes y 69.6%
los adolescentes.
– Sólo el 57.8 % de las mujeres que hablan una
lengua materna nativa y viven en área rural, acceden a la
matrícula del nivel secundario, frente al 66% de los
hombres en la misma condición.
– A través del Programa Nacional de
Movilización por la Alfabetización –PRONAMA,
se redujo la tasa de analfabetismo nacional en 6.49% al 2010.
Pero la mujer que vive en zonas rurales sigue siendo el grupo
poblacional analfabeto más grande del país, con una
tasa de 14.4% en promedio e identificando a los departamentos de
Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco, como los
departamentos con una mayor tasa de analfabetismo, el cual
alcanza hasta a un cuarto de la población
femenina
de 15 años a más.
– Los porcentajes de atraso escolar, es decir cuando la
edad cronológica de los/las estudiantes es mayor que la
normada para su respectivo grado de estudios, no evidencian
brechas de género significativas, pero las niñas,
niños y las y los adolescentes que residen en el
área rural presentan mayores desventajas en la escuela.
Así en el 2010 el 30.7% del total de niños y
niñas de 6 a 11 años de edad del área rural
que asisten al nivel primario lo hacen con un grado menor al que
le corresponde por su edad, similar comportamiento se muestra en
el nivel secundario del área rural, donde el 30.1% del
total de adolescentes hombres y mujeres que asisten a la escuela,
lo hacen con un grado menor al que le corresponde por su edad.
Asimismo el 57% de los y las adolescentes en situación de
pobreza extrema y el 67% con lengua materna quechua accede a la
educación secundaria,
de este grupo más de la mitad lo hace a un grado
inferior al que le corresponde para su edad.
Salud: Inequidad en el acceso a servicios de
salud, de orientación y a métodos
anticonceptivos, limitan el ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y
adolescentes.
Diversas dimensiones de la maternidad de mujeres en
etapa adolescente constituyen elementos cruciales de
reproducción de trayectorias de pobreza, la mayor
prevalencia del embarazo fuera del matrimonio, la mayor
deserción del sistema escolar producida ante el embarazo o
la maternidad, así como una inserción precaria en
el mercado laboral aunada a la trasmisión
intergeneracional de patrones de maternidad adolescente, generan
condiciones para que las adolescentes mujeres y con ellas sus
hijos e hijas, conformen un tipo de hogar vulnerable desde el
punto de vista económico y social, entrando así en
un círculo vicioso. A mayor pobreza, mayor embarazo en
adolescencia, y viceversa.
Las adolescentes sexualmente activas en situación
de pobreza, sea cualquiera su situación conyugal, son
quizás las más vulnerables de todas las mujeres
sexualmente activas, pues están expuestas a una edad
temprana a los riesgos de infecciones de ITS-VIH, embarazo, parto
y aborto.
– En el 2010, el 61.3% de la población masculina
y 65.6% de la población femenina, se encontraban afiliados
o afiliadas a algún seguro de salud (al amparo de la Ley
Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley Nº
29344).
– En el 2010, en el área rural, el 83,2% de las
mujeres y el 75,7% de los hombres contaban con algún
seguro de salud. De las aseguradas mujeres, el 21,6% son
beneficiarias de ESSALUD mientras que el 39,1% corresponde al
SIS. De acuerdo a las estadísticas del SIS, el total de
asegurados a setiembre de 2011 creció ligeramente en 0,6%
respecto de setiembre de 2010.
– La tasa de fecundidad ha venido disminuyendo28 tanto
en el área urbana (2.2%) como rural (3.5).
– Se ha incrementado el uso de métodos
anticonceptivos, mostrando el área rural una tasa
más dinámica, se ha pasado del 51.2% en el
año 1996 al 72.4% en el año 2010.
– Los partos atendidos por personal calificado alcanzan
el 83,8% a nivel nacional. Sin embargo, aún se presenta un
desafío respecto del área rural en la que si bien
dicho servicio se ha incrementado en un 35% respecto del
año 2000, sólo el 63,7% de mujeres cuenta con esta
atención.
– La mortalidad materna, ha disminuido a 93 muertes
maternas por cada 100,000 nacimientos.
– Se ha incrementado la cobertura del parto
institucionalizado en las zonas rurales y dispersas. Se cuenta al
respecto con 401 casas de espera distribuidas a nivel
nacional.
– En el 2010, el porcentaje de adolescentes alguna vez
embarazadas fue de 13.5% a nivel nacional, 11.3% en el
área urbana y 19.3% en el área rural34.
– El 28% de las adolescentes considera que no acceder a
métodos de planificación es uno de sus principales
problemas en su salud reproductiva, mientras que el 41% considera
que lo es la falta de información sobre salud
reproductiva. En esa línea, el 86% de las adolescentes
está de acuerdo con que las adolescentes en general tengan
acceso a métodos anticonceptivos para prevenir
embarazos.
– No hay datos estadísticos oficiales sobre la
problemática del aborto, según un estimado
estadístico realizado a fines del año 2006, en el
Perú se practicarían 371,420 abortos clandestinos
cada año. El aborto en el Perú está
penalizado, salvo el caso de la indicación
terapéutica cuando pone en riesgo la vida de la gestante o
implica un peligro grave para su salud.
Violencia de género en sus
múltiples expresiones: A pesar de los avances las
mujeres continúan desprotegidas.
– El 38,4% de las mujeres que han vivido alguna vez en
unión de pareja, señala haber sufrido violencia
física y/o sexual. Según ámbito
geográfico, el porcentaje de mujeres que manifiestan haber
sufrido violencia sube ligeramente en la zona urbana (39,2%) y
baja en la zona rural (36,5%).
– El 67,9 % de mujeres alguna vez unidas
manifestó que su esposo o compañero ejerció
alguna forma de control sobre ellas, el 21,9 % de las mujeres
declararon que habían sido humilladas delante de los
demás, el 21,1% refieren haber sido amenazadas por sus
compañeros o ex compañeros con ausentarse de la
casa, quitarle a los hijos e hijas o dejar de aportar
económicamente.
– En el periodo 2004-2011 se reportaron 547 casos y
1,648 víctimas del delito de trata de personas. Del total
de víctimas 639 eran mujeres mayores de edad y 670 eran
niñas y adolescentes mujeres (el total de víctimas
menores de edad eran 738, por tanto el 91% de las víctimas
de trata de personas menores de edad eran mujeres).
Al mes, en promedio, 10 mujeres son víctimas de
feminicidio 40; es decir, son asesinadas por sus ex parejas o
parejas. En el año 2010 se registraron 130 víctimas
de feminicidio y 49 tentativas de feminicidios.
– No hay datos estadísticos oficiales sobre la
dimensión del problema de hostigamiento sexual, siendo
este muy recurrente. A la fecha se registran avances en su
tratamiento habiéndose aprobado 17 ordenanzas regionales
contra el hostigamiento sexual.
– En el contexto de la violencia política durante
el periodo 1980-2000, se registró la afectación de
1,976 mujeres por violencia sexual y 423 mujeres por
violación sexual, víctimas que deben ser resarcidas
y que están en la prioridad de la agenda
gubernamental.
– Asimismo se evidencia el acoso político que
expresan las mujeres autoridades, quienes en el ejercicio de sus
cargos son víctimas de prácticas sexistas y de
discriminación de género que afecta su integridad
moral y profesional. Este acoso llega a convertirse en un
"mecanismo de expulsión en el ejercicio de su
cargo".
Empleo y Trabajo: Persisten fuertes
inequidades de género en la carga de trabajo no
remunerado y en la participación en la actividad
económica.
– La mujer peruana representa el 45.6% de la
población económicamente activa – PEA (7 millones
48 mil mujeres).
– La PEA femenina en el área urbana es de 46% y
44,9% en el área rural.
– La tasa de actividad económica es para los
hombres 82.3% y para las mujeres 64.8%. La tasa de actividad de
la mujer en el área urbana alcanza el 63.0% y de la mujer
del área rural, 74.1%.
– El 71.4% de la PEA ocupada femenina urbana se
concentra en empresas que tienen entre 1 a 10 trabajadores, el
21,1% en establecimientos de 51 y más trabajadores y el
7,5% en empresas de 11 a 50 trabajadores.
– El 67% de las mujeres frente al 53% de los hombres
trabajan en el sector informal. Por cada 100 hombres hay 108
mujeres en pobreza extrema.
– El ingreso promedio de la PEA femenina (S/. 826.8) en
el 2010, representó el 65,0% del ingreso promedio de la
PEA masculina (S/. 1,323.3).
-El porcentaje de hogares con jefatura femenina (23.9%)
en el año 2008 muestra un incremento en 4.4% respecto del
año 2000 (19.5%). Según el área de
residencia, en el año 2008 la jefatura femenina llega a
25.7% en el área urbana y 19.9% en el área
rural.
– En el año 2010, el tiempo que dedican las
mujeres a las actividades domésticas no remuneradas es en
promedio semanal, el doble que el tiempo que dedican los hombres
(39 horas con 28 minutos las mujeres y 15 horas con 53 minutos,
los hombres).
– La distribución de la carga global de trabajo52
es desigual entre mujeres y hombres. Las mujeres dedican casi la
mitad de su tiempo de trabajo, al trabajo no remunerado (52%),
mientras que los hombres solo dedican 24% de su tiempo, esto
explica porqué los hombres tienen mayor oportunidad que
las mujeres para obtener ingresos.
– La insuficiencia de servicios públicos para el
cuidado de personas, como guarderías y centros de
atención para adultos mayores y personas totalmente
dependientes, incrementa el tiempo de trabajo no remunerado de
las mujeres. Es así que, el tiempo dedicado al cuidado de
niños, niñas y adolescentes que destinan las
mujeres afecta su ciclo laboral, a diferencia de los hombres, que
no asumen las responsabilidades del cuidado de manera
equitativa.
– Las mujeres, a pesar de conformar el 45% de la PEA
activa se encuentran en puestos de trabajo que no cuentan con
protección legal laboral, ya que se ubican en
regímenes laborales especiales como trabajadoras del
hogar, trabajadoras familiares no remuneradas, trabajadoras
asalariadas de la agroexportación, conserveras, entre
otras.
-Por ello, las mujeres que trabajan cuentan con
reducidas posibilidades de participación en procesos de
negociación colectiva y en organizaciones sindicales,
derechos laborales respaldados por la OIT.
Medio Ambiente y Género: Necesidad de
valorar el aporte de las mujeres en el manejo de los recursos
naturales y la protección del medio
ambiente
– Las mujeres del área rural, dedican 19 horas
con 41 minutos promedio semanal a cocinar, y si consideramos que
el 68.5% de los hogares rurales cocinan con leña y bosta y
el 16% lo hace con estiércol, podemos entender el
importante papel que tendrían las mujeres en la
preservación del medio ambiente y en la salud
pública, en la ejecución de políticas
de
cambio a tecnologías más limpias y menos
contaminantes.
– Según la información de COFOPRI55, el
2011 se entregaron 68,881 títulos de propiedad a
mujeres56. El 20.3% de unidades agropecuarias son dirigidas por
mujeres, pero sólo el 4.7% de las productoras rurales
tiene su título de propiedad.
-El acceso a agua insalubre y la falta de saneamiento
adecuado son factores de riesgo de morbilidad y mortalidad
prevenibles58. El acceso a fuentes mejoradas de saneamiento en
zonas urbanas era de 81%, mientras que en las zonas rurales
43%59. En los hogares más pobres sólo cuatro de
cada diez alcanzan a tener este servicio.
F) Acceso a la Identidad: Una tarea pendiente
para la
inclusión de las
mujeres
– A inicios del 2011 según la RENIEC, hay 128,996
personas mayores de 18 años que no cuentan con DNI, de
ellas el 56.6% (73,019) son mujeres. Así mismo, de 69,399
personas mayores de 18 años que no tienen acta de
nacimiento, el 56% (38,864) son mujeres mayores de 18
años.
– Durante el periodo 2010-2011 se ha logrado documentar
a 9'297,148 niños, niñas y adolescentes entre los 0
y 17 años; sin embargo este esfuerzo es aún
insuficiente ya que quedan 1´380,546 niños,
niñas y adolescentes sin documentar, además, se
estima que cerca del 1% de la población peruana permanece
en la invisibilidad absoluta, es decir no cuentan con el
reconocimiento formal de su existencia como miembro sujeto de
derechos.
G) Toma de decisiones, participación
política y ciudadana: Mejorar los mecanismos
existentes para el acceso paritario de las mujeres a cargos
de representación política
– De los 18 Ministerios y la Presidencia de Consejo de
Ministros, las Ministras representan el 15.8% y de un total de 32
viceministerios, solo el 21.9%64 es ocupado por
mujeres.
– En las elecciones del 2011 ninguna mujer
alcanzó el cargo de Presidenta Regional y sólo dos
ocuparon el cargo Vicepresidenta Regional, 72 (28.1%) mujeres
ocuparon Consejerías Regionales. Asimismo, sólo 9
(4.6%) mujeres fueron electas alcaldesas provinciales y 406
regidoras provinciales (23.9%), únicamente 60 mujeres
fueron elegidas alcaldesas distritales (3.7%) y 2,377 regidoras
Distritales (28%)65.
– En las elecciones del 2010, el Congreso de la
República quedó conformado por 78% de hombres y 22%
de mujeres, cifra que redujo en 6% la representación
femenina respecto a las Elecciones 2006. De los 1,518
candidatos/as inscritos/as el 61% fueron hombres y sólo el
39% mujeres.
Sólo doce (12) Gobiernos Regionales 67 reportaron
la aprobación de normas que fomentan la
participación de las mujeres en el Consejo de
Coordinación Regional a través de cuotas de
género: Arequipa, Callao, Huancavelica, Huánuco,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Ucayali
y La Libertad.
3.9. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL
PERÚ
3.9.1 LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL
PERÚ: PROBLEMA DE GÉNERO
Estudios hechos en muchas partes del mundo acerca del
comportamiento de jueces acerca de la forma en que se administran
justicia, demuestra, que los primeros jueces, desde su
formación social y a lo largo de su historia, fueron
hombres que ocuparon los más altos cargos en la
administración de justicia. Nuestro país no es una
isla, nuestra historia también lo demuestra esto; sin
embargo, en el proceso evolutivo del poder judicial, este
"rostro" ha ido cambiando a "rostro de mujer".
No existe hasta el momento estudios de género en
el poder judicial, en tanto que, desde la constitución de
la República, siempre la administración de justicia
recaía en el género masculino, por tanto, las leyes
y las resoluciones judiciales estaban directamente relacionadas
con las formas en que los hombres ventilaban los casos que se
veían en el poder judicial.
El Estado peruano es parte de los más importantes
tratados internacionales sobre derechos humanos, garantizando
así, la no discriminación entre hombres y mujeres,
podemos afirmar entonces, que todas las personas gozan de los
mismos derechos, garantías y obligaciones en el ejercicio
de la ciudadanía; la igualad ante la ley y la
prohibición de discriminación se encuentran
consagradas al más alto nivel constitucional.
Los preceptos constitucionales y la normatividad son
buenas, en tanto que, el Estado no remueve los obstáculos
ni impide los factores que mantienen y propician la
discriminación por razones de género, tampoco
promueve las condiciones y os mecanismos para que la igualdad sea
real y efectiva, no se da en los hechos el igualitario acceso de
las mujeres a la función pública no
electiva.
Así, la carencia de políticas y acciones
concretas que contribuyan a disminuir la discriminación en
nuestro medio atenta contra la igualdad, que es una de las
principales bases de la democracia que disfrutamos, lo que
haría pensar, que la democracia tradicional es una
construcción de hombres para relacionarse entre ellos,
excluyendo a las mujeres; por tanto, es también territorio
de hombres, que a veces es usada la violencia de género
para apartar a las mujeres del poder; más aún, las
acciones políticas que: se han desarrollado en los
últimos tempos, no van de la mano con los avances en
materia jurídica en el país, por ello, la
aceptación de las mujeres en estos espacios, no solo
constituye un problema político, sino también un
problema de identidad y de orden simbólico del mundo tanto
para las mujeres como para los hombres.
Esto nos da una explicación de por qué no
hay una representación equitativa de mujeres en la
estructura de poder, no hay democracia genérica o
democracia entre géneros; es por ello, que la ausencia de
medidas y de acción para acabar con esta situación
por parte de de los que tienen el poder y el deber de hacerlo,
demoran el desarrollo del sistema de igualdad de género,
no solo en la administración de justicia, sino
también en los principales rangos jerárquicos de la
estructura de poder en el país.
Para disminuir esta diferencia, se tuvieron que legislar
en materia de género en las elecciones a partir de fines
del siglo pasado; este avance no quita las diferencias que se
vienen haciendo en la administración de justicia en el
país. Esto nos da una explicación de por qué
no hay una representación equitativa de mujeres en la
estructura de poder; así, el concepto de género
plantea que la representación y valoraciones de lo
femenino y lo masculino, las normas que regulan sus
comportamientos, las atribuciones de cada uno de ellos en materia
de género y de la división del trabajo social, son
productos de una compleja construcción social y cultural
que se elabora a partir de las diferencias de
género.
El derecho es uno de los sistemas normativos poderosos
para la convivencia social dentro de un orden, su fuerza radica
en un sistema de legitimidades que facilitan la aceptación
de sus postulados normativos por los ciudadanos La
coacción como recurso validado para reprimir el desorden
social, económico, político, etc., garantiza la
mantención y reproducción de la cultura patriarcal
que hasta ahora es discriminadora y excluyente de las
diferencias, particularmente de las mujeres.
La Dra. Alda Facio,((8) eminente tratadista de
género y derecho expresa que la metodología de
análisis de un texto legal, desde la perspectiva de
género, se funda en la concepción del
fenómeno legal, y está constituido por tres
componentes: 1) el formal normativo, 2) el estructural y 3) el
político-cultural relacionados entre sí de tal
manera que constantemente uno es empleado, limitado y definido
por el otro, a tal grado que no se puede conocer el contenido y
efectos que puede tener una determinada ley, un principio legal,
una doctrina jurídica si no se toma en cuenta estos tres
componentes.
Ahora bien, el componente formal del derecho será
sinónimo de lo que los tratadistas llaman la norma
"agendi", es decir la ley normalmente promulgada,
constitución, tratado internacional, leyes sustantivas y
adjetivas, decretos, reglamentos, convenios colectivos, etc. El
componente estructural sería el contenido que las Cortes,
las oficinas administrativas, la policía y todos los
funcionarios que administran justicia, le dan a las reglas y
principios que se encuentran en el componente normativo, al
seleccionar, aplicar e interpretarlas. En el componente
estructural, existen normas no escritas, ni promulgadas o
derogadas, pero que están en la conciencia de las
personas. El componente político-cultural, es el contenido
que las personas dan a la ley por medio de la doctrina
jurídica, las costumbres, las actitudes, tradiciones y el
conocimiento que de ella tenga la gente, así como el uso
que se haga de las leyes existentes. En el componente estructural
esas normas no escritas o derogadas son poderosas, a veces
más efectivas que los propios códigos, se aplican
diariamente porque son obedecidas por una gran mayoría de
la gente[3]
Así, y teniendo en cuenta las experiencias que se
presenten en el aspecto laboral por ejemplo, existen situaciones
reveladoras donde el trabajo está diseñado
alrededor de un empleado "ideal"(9) que labora a tiempo
completo y si es necesario en forma "extra", que no toma tiempo
libre para embarazos, crianza de niños, ni tolerancia para
la lactancia, permisos para controles médicos o
enfermedades de su prole es decir que no debe estar sobrecargado
con responsabilidades familiares de ese tipo y por lo tanto pueda
dedicar toda su atención al desempeño de sus
labores, este es un hombre.
De manera que las mujeres casadas o con hijos no
interesan al empleador que por lo menos no son motivo de su
preferencia. Esta norma no escrita que subyace en la conciencia
social, no es una norma sin género pues está
instrumentada alrededor de los hombres; entonces vemos claramente
que tratar a hombres y mujeres igual frente a una
situación desigual no ofrece verdadera equidad de
género, sino una continua discriminación contra las
mujeres en el ámbito laboral. Consecuentemente si se deja
intacta la norma no escrita del trabajador ideal, no se brinda
igualdad de oportunidades a las mujeres salvo a las trabajadoras
ideales, que excepcionalmente las hay, cuando los hijos han
pasado las edades críticas de crianza, o ellas han
renunciado al matrimonio y la maternidad.
La verdadera igualdad en el trabajo para la mujer y por
lo tanto su independencia económica, que es tan importante
para ella y su familia, exige de construir esas normas del
trabajador "ideal"[4] y reconstruir el trabajo de
mercado con la oferta de horarios más flexibles y apoyos
sociales que permitan a los trabajadores de ambos sexos dar a su
familia el cuidado diario que necesitan, esto bajo el principio
constitucional de protección a la maternidad y la
familia[5]10).
La igualdad de género, no exige más que
igualdad de trato ante la ley, que no siempre se da. Así
por ejemplo, una ley estatal de La Florida, establece la que si
dos personas de categoría elegible aspiraban a administrar
un patrimonio, se prefería automáticamente al
hombre por sobre la mujer. Se justificaba este trato diferente
porque hombres y mujeres no eran iguales, sus valores
domésticos y su exclusión de lo público
significaba que probablemente ellas tendrían menos pericia
en asuntos financieros del que tendrían los hombres y
menos tiempo para dedicarse a la difícil tarea
encomendada. Para salvar esta situación se debe de
construir los roles domésticos que la sociedad asigna a
las mujeres, debiendo ser estos compartidos por los hombres
dentro de la familia, y darle a la mujer mayor
participación en los espacios públicos que le
permitan mayor capacitación.
3.9.2. Justicia de calidad
Todos los tratados obligan a la igualdad. En especial,
los poderes judiciales están obligados a hacerlos cumplir,
pero muchos jueces desconocen esos principios, declaran los
actores jurídicos y sociales. Después de estudiar
muchos trabajos llevados a cabo al respecto, se describe un
panorama en el que, al igual que en otras muchas áreas del
desarrollo, se aprecian modestos avances al inicio de un largo
camino por recorrer. De ahí que algunos críticos
sostienen se avanzó en la justicia pronta pero no en la
justicia de calidad, resaltan.
Muchos jueces desconocen las obligaciones
contraídas para aplicar la ley con equidad. Por otro lado,
la sistematización de la nueva jurisprudencia en esta
área ocasiona el frecuente cambio de parecer de los
tribunales. A poco que el sistema intimide o confunda al
demandante, la víctima abandona su cometido o se resigna a
resultados injustos.
3.9.3. Indices sobre representación de mujeres
en el Poder Judicial.
Revisando las estadísticas existentes sobre la
participación del sector femenino en el poder judicial,
específicamente en su condición de jueces,
encontramos el siguiente cuadro. En la Corte Superior de Lima se
puede constatar que la presencia de a mujer en los últimos
ocho años se ha incrementado; así, mientras en 1986
el 35 % eran autoridades judiciales mujeres, en 1994 alcanza al
50.7 %.
Estos resultados son ampliamente superados por el
estudio que se llevó a cabo a nivel nacional de todos los
distritos judiciales del país. Si bien es cierto que la
Corte Superior de justicia de Lima es la más importante,
por cuanto representa el 30 % del total existente.
La investigación llevada a cabo en todos los
distritos judiciales del Perú nos lleva al convencimiento
de que el problema de género sigue latente
La administración de justicia siguen las pautas
desde los albores de la independencia, donde los jueces eran
únicamente hombres, porque en ellos recalan la
responsabilidad de hacer cumplir con los preceptos
jurídicos.
Por su puesto no es el único caso que sucede en
la región, sino que también se presentan en otras
partes de América, tal como nos lo presenta los estudios
hechos por especialistas. Hay razones poderosas que explican la
incorporación de mujeres en la administración de
justicia en nuestro país.
Nuestra hipótesis de trabajo relacionado con las
formas en que el órgano de Control de la Magistratura en
nuestro país ha sancionado a los jueces, se advierte que
el menor número de magistrados pertenecen al género
femenino; e incluso, las jueces mujeres que fueron sancionados,
la mayoría de ellas son con amonestaciones y un porcentaje
mínimo han sido separadas, caso contrario se produjeron
con los jueces varones, desde este punto de vista podemos
sostener, que el nuevo rostro de administración de
justicia en nuestro país tiene "rostro de mujer".
3.9.4 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL PODER
JUDICIAL
Durante la segunda mitad del siglo XX, la conciencia
sobre la necesidad de superar la discriminación contra las
mujeres, ha producido un gran avance en el ámbito
legislativo internacional. La Declaración Universal de !os
Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 1 de diciembre de
1948, proclama que su contenido se aplica a todos los seres
humanos de manera incondicional y sin distingo alguno de raza,
color, sexo, idioma. Los derechos que ahí se establecen,
encuentran una implementación efectiva en dos instrumentos
internacionales posteriores a saber los Pactos Internacionales de
Derechos Civiles, Políticos, de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el Año internacional de la Mujer, el cual
mareé el punto de partida del Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer (1975-1985). Daba inicio con ello, a un
proceso mundial dirigido a examinar la situación y los
derechos de la mujer, que desembocé en la
elaboración de una serie de instrumentos internacionales,
cuyo contenido enriqueció el concepto de igualdad, y no
discriminación por razones de género.
Las mujeres y los hombres tienen diferentes necesidades,
intereses, y recursos, por lo que, con el fin de lograr una
igualdad de género es necesario que toda política,
programa y proyecto, tome en cuenta esas diferencias, con la
finalidad de provocar un resultado igual en los hombres y en las
mujeres.
En el análisis de género y poder, al
enfrentar los problemas que se originan en los privilegios
tradicionales de los hombres y en las desventajas tradicionales
de las mujeres, se exige reconocer y eliminar esos factores. Debe
entenderse que cuando las mujeres y los hombres amplían
sus opciones, en condiciones de igualdad y equidad, la familia y
en general, la sociedad se beneficia. Lo anterior encuentra
respaldo precisamente en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer que establece: "Los Estados Partes tomarán
en todas las esti.ras, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre". Encuentra eco además, en el elenco de
jerárquicamente más altos, sobre todo, teniendo en
consideración a que en este nivel hay pocas mujeres. Esto
implica buscar estrategias apropiadas. El trabajo debe ser global
y coordinado. En la implementación de los programas ha de
involucrarse a todos los sectores vinculados. Urge centralizar la
información y ponerla a disposición de los y las
usuarias. Debe darse una evaluación y un seguimiento
permanente a lo que se implemente. Como conocedoras de las
imperfecciones de las leyes y de su aplicación, es
Importante que el sistema judicial cuente con espacios de
evaluación permanente de estos servicios que, a la vez,
propugnen soluciones y reformase
Se trata de procesos que generan sus propios cambios.
Deben llevarse estadísticas minuciosas. Los mecanismos de
registro idóneos (estadísticas) permiten llevar el
pulso de la aplicación de las leyes y de los problemas que
se generan. Debe existir un contacto permanente entre los
involucrados e involucradas y el aparato judicial, Partiendo de
que los sistemas judiciales no son entes aislados, deben crearse
espacios para compartir con entes públicos y privados que
tienen relación con otras fases de la problemática.
Esto le permite al servidor o servidora judicial estar en
permanente contacto con la realidad. No debe temérsele a
la crítica si se tiene la tranquilidad de que se
está haciendo algo o que se tiene esa disposición.
La acción debe ser inmediata y ejecutarse con los recursos
que se tengan. Es claro que los temas a los cuales la
institución dedica sus esfuerzos se vinculan a los
intereses y vivencias de quienes la conforman, y quienes
administran justicia deben ser socializados con los valores
imperantes. Por eso los problemas siguen siendo muchos y
válidos las críticas que se hacen.
CAPÍTULO IV
Situación
de la equidad de género en el Perú y
Latinoamérica
4.1. TRATAMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO A
NIVEL DEL PERÚ ACTUAL .
El gobierno peruano ha asumido el compromiso de lograr
la igualdad de género y la construcción de
sociedades inclusivas, este es un compromiso asumido, por el
Estado peruano delimitando así políticas
públicas para este tema como la Equidad de Género,
nuestra viceministra de la Mujer, Marcela Huaita Alegre, tiene
conjuntamente con las sociedades civiles y la población en
general la gran responsabilidad de encaminar las directrices de
una sociedad igualitaria para hombres y mujeres.
El Perú, reafirma así un compromiso con
especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos;
las necesidades de las y los adolescentes; los pueblos
indígenas, y otros grupos vulnerables. Nuestra
Viceministra Marcela Huaita Alegre, actualmente en
representación de Perú, ha asumido una de las
Vicepresidencias del Consejo Directivo de la Primera
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población
y Desarrollo de América Latina y del Caribe; (evento que
se llevó a cabo del 12 al 15 de agosto del 2013, en
Montevideo, Uruguay); con esta responsabilidad el Estado peruano
está comprometido hoy más que nunca con el avance
de las agendas de temas de población, personas adultas
mayores, personas migrantes, con el objetivo de lograr su
articulación con la agenda global e integral de
población.
Se deberá para ello, reforzar la
integración de la agenda de población y desarrollo
en los procesos mundiales, sobre la base de una perspectiva de
género y de derechos y considerando los cambios producidos
en el contexto del desarrollo como: la globalización, la
descentralización, las acciones directas sobre la pobreza,
el desarrollo sostenible y el cambio climático, así
como la mejora de la capacidad, las técnicas y el
conocimiento para el uso de los datos
socio-demográficos.
Prueba del cabal cumplimiento de los compromisos
asumidos es que por primera vez en su historia, el Perú
cuenta con un Gabinete con una mayor presencia femenina,
que se enmarca en una política del gobierno oficial de
empoderar política y económicamente a las
mujeres, como ejes fundamentales para el logro de la igualdad de
género y la construcción de sociedades
inclusivas; siendo 7 las mujeres que acompañan esta
maratónica labor; Eda Rivas Franchini, Ministra de
Relaciones Exteriores; Midori de Habich Rospigliosi Ministra de
Salud; Ana Jara Velásquez, Ministra de Trabajo y
Promoción del Empleo; Blanca Silva Velarde-Álvarez,
Ministra de Comercio Exterior y Turismo; María del Carmen
Omonte Durand, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables;
Diana Álvarez Calderón Gallo, Ministra de Cultura y
Paola Bustamante Suárez , Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social .
Existen además, medidas paralelas que se viene
trabajando con respecto a temas como el Endurecimiento de penas,
y Tolerancia Cero; las mismas que explicamos a
continuación:
Endurecimiento de penas.- Con la finalidad de
erradicar la violencia hacia la mujer, se está legislando
con la finalidad de endurecer en el Perú las penas y
ampliar el tipo penal; incorporando el feminicidio no
íntimo, es decir, el feminicidio cometido por una
persona sin vínculo sentimental con la víctima.
Ahora , se cuenta ya con un Registro Nacional de Feminicidio el
cual ha permitido evidenciar que un porcentaje importante de
mujeres muere por razones de discriminación de
género.
Se está incrementado la cobertura de los
múltiples servicios que ofrece el Estado peruano para
atender la violencia familiar y sexual cubriendo inclusive otras
formas de violencia como el feminicidio y la trata de personas;
todo ello evidenciado en el aumento de 3.53% la atención a
través de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel
nacional, y con la implementación de una estrategia para
llegar a las mujeres más lejanas y excluidas, como son las
del ámbito rural, permitiendo así atender a
poblaciones de zonas afectadas por el narcotráfico y la
extrema pobreza.
 Página anterior | Volver al principio del trabajo | Página siguiente  |